Como si de una puesta en escena se tratase, la Coalición de Creadores ha anunciado ahora que renuncia al sistema de avisos para frenar las descargas y el P2P en España. Se trata de la respuesta al anuncio de Redtel de hace unos días, en el que también rechazaba ir contra los usuarios y abogaba por crear una oferta atractiva de contenidos. Esta oferta ya está en marcha, con la creación de un superportal de contenidos de pago, gestionado conjuntamente por la industria de contenidos (los miembros de La Coalición) y las operadoras. Pero para que el proyecto funcione es necesario quitar de en medio a la competencia.
Así, la última propuesta que ha sido enviada al Gobierno es atacar únicamente a las páginas web que facilitan los enlaces P2P o de descargas directas, los llamados concentradores (que han pasado de ser 70 a 200, y cuyos nombres serán listados en los próximos días). Se insiste en que todo el proceso de cierre o bloqueo de las páginas sea regulado por vía administrativa, sin el molesto control judicial que actualmente les tumba una denuncia tras otra, lo que implicaría cambios legislativos (en realidad, incluso en la Constitución).
Aun así, la renuncia de ir contra los usuarios finales es temporal. La Coalición dice que si tras el primer año las nuevas medidas no surgen efecto (o lo que es lo mismo, el megaportal es un fracaso), se plantearía de nuevo el sistema de avisos y sanciones.
Fuente: ElOtroLado.net
El presidente de Redtel, la asociación que agrupa a Ono, Orange, Telefónica y Vodafone, ha anunciado que no volverá a negociar con la industria cultural un plan contra las descargas y el P2P, confirmando que las negociaciones se rompieron definitivamente el pasado 16 de abril.
Redtel dice ahora que rechaza aplicar voluntariamente cualquier tipo de sanción a los usuarios, como puedan ser desconexiones o reducciones de velocidad, y aboga por crear una oferta atractiva de contenidos legales frente a la irrisoria oferta que hay actualmente.
La patata caliente se queda por tanto para el Gobierno, contra quien la asociación ha anunciado además una fuerte ofensiva por el nuevo impuesto que se pretende aplicar a las empresas de telecomunicaciones para sufragar la televisión pública, al que ha calificado de impuesto revolucionario.
Fuente: ElOtroLado.net
La Constitución española garantiza la inviolabilidad del domicilio, por eso los jueces no acostumbran a autorizar registros domiciliarios si no se está investigando un delito grave. Para la SGAE sin embargo eso no es un obstáculo , tal y como se desprende de lo ocurrido el pasado martes en casa de un webmaster de sitios P2P (también lo cuentan en elmundo.es). Con la complicidad de varios funcionarios judiciales y sirviéndose de engaños (afirmaron tener una orden de registro y no se identificaron como trabajadores de la SGAE), accedieron a su domicilio, lo registraron, inspeccionaron los equipos informáticos que encontraron y pretendieron llevárselos.
Después de dos horas la víctima del registro consigue contactar telefónicamente con el abogado David Bravo, quien solicita que se identifiquen todos los presentes y le lean la supuesta orden de registro. Ahí descubren que se encontraban frente a varios trabajadores de la SGAE (procuradora y perito informático), y que la orden solo pedía que el demandado (por vía civil) llevara él mismo al juzgado varias pruebas. Al final, tras una larga discusión, el abogado consigue que los intrusos abandonen el domicilio y dejen allí el hardware que pretendían llevarse; no sin que la secretaria judicial, cómplice del engaño, espetara: "No te deberíamos haber dejado llamar al abogado".
Actualización: Todo el que quiera decirle a la SGAE lo que piensa de ella puede comunicárelo personalmente el próximo 5 de junio en la concentración que hay programada en la puerta de su sede madrileña.
Fuente: elotrolado.net
Normalmente no nos meteríamos en estos temas, pero lo grave e increíble de esta noticia nos obligan a hacernos eco de ella. Vivir para ver:
Juanma tiene una enfermedad degenerativa extraña y grave. La SGAE también. Juanma, un niño de cinco años almeriense que sufre el Síndrome de Alexander, pidió a David Bisbal un concierto benéfico para recaudar fondos en su ayuda. Bisbal dijo que sí. La SGAE dijo que no, y amenazó con impedir el concierto si la familia de Juanma no pagaba por adelantado. Bisbal tocó gratis. La SGAE cobró 5.629 euros.
Horas después de que Pedro Simón, en El Mundo, contase ayer este caso, la SGAE se apresuró a devolver el dinero a la familia de Juanma. No es la primera vez que pasa, hay varios precedentes de conciertos benéficos dónde todos suman y ellos cobran. Hace tres años, la SGAE llevó hasta los tribunales a los responsables de un festival teatral de niños discapacitados que se celebra desde hace un cuarto de siglo en Fuentepelayo, en Segovia. La SGAE demandó a la asociación organizadora exigiendo 518 euros en concepto de derechos de autor. Sólo rectificaron cuando los medios denunciaron el caso. Como ahora.
La SGAE está enferma y su dolencia se parece bastante a la de Juanma. El Síndrome de Alexander ataca al cerebro, anula los sentidos y al final deja al que lo sufre ciego y sordo. Insensible. Juanma aún tiene esperanza. Su familia ya ha recaudado más de un millón de euros para que un equipo científico investigue esta dolencia tan rara, tan única, que a las farmacéuticas no les sale a cuenta combatir. Los males de la SGAE tienen peor cura. La SGAE recauda y después pregunta. Está en su ADN, aunque es igual de responsable quien mantiene la patente de corso: el Gobierno. Pero hay algo que diferencia a ambos enfermos. Juanma tiene corazón.
Fuente: ElOtroLado.net
