El presidente de Redtel, la asociación que agrupa a Ono, Orange, Telefónica y Vodafone, ha anunciado que no volverá a negociar con la industria cultural un plan contra las descargas y el P2P, confirmando que las negociaciones se rompieron definitivamente el pasado 16 de abril.
Redtel dice ahora que rechaza aplicar voluntariamente cualquier tipo de sanción a los usuarios, como puedan ser desconexiones o reducciones de velocidad, y aboga por crear una oferta atractiva de contenidos legales frente a la irrisoria oferta que hay actualmente.
La patata caliente se queda por tanto para el Gobierno, contra quien la asociación ha anunciado además una fuerte ofensiva por el nuevo impuesto que se pretende aplicar a las empresas de telecomunicaciones para sufragar la televisión pública, al que ha calificado de impuesto revolucionario.
Fuente: ElOtroLado.net
El Consejo Constitucional francés, algo parecido a nuestro Tribunal Constitucional, ha declaro inconstitucionales varios artículos de la reciente ley aprobada en Francia para luchar contra el P2P y las descargas no autorizadas. De esta forma anula la presunción de culpabilidad que suponía dicha ley y declara que solamente un juez puede ordenar la desconexión de Internet de un usuario.
Internet es un componente de la libertad de expresión y el consumo y en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia. [...] Se ajusta a la ley imponer una sanción si se demuestra que existen descargas ilegales, pero el papel de la Alta Autoridad (Hadopi) es advertir y señalar sobre dichas descargas, no castigarlo, y sólo un juez podrá determinar la sanción.
Todo un ejemplo para el resto de países europeos que estaban preparándose para imitar el modelo francés.
Fuente: ElOtroLado.net
La Constitución española garantiza la inviolabilidad del domicilio, por eso los jueces no acostumbran a autorizar registros domiciliarios si no se está investigando un delito grave. Para la SGAE sin embargo eso no es un obstáculo , tal y como se desprende de lo ocurrido el pasado martes en casa de un webmaster de sitios P2P (también lo cuentan en elmundo.es). Con la complicidad de varios funcionarios judiciales y sirviéndose de engaños (afirmaron tener una orden de registro y no se identificaron como trabajadores de la SGAE), accedieron a su domicilio, lo registraron, inspeccionaron los equipos informáticos que encontraron y pretendieron llevárselos.
Después de dos horas la víctima del registro consigue contactar telefónicamente con el abogado David Bravo, quien solicita que se identifiquen todos los presentes y le lean la supuesta orden de registro. Ahí descubren que se encontraban frente a varios trabajadores de la SGAE (procuradora y perito informático), y que la orden solo pedía que el demandado (por vía civil) llevara él mismo al juzgado varias pruebas. Al final, tras una larga discusión, el abogado consigue que los intrusos abandonen el domicilio y dejen allí el hardware que pretendían llevarse; no sin que la secretaria judicial, cómplice del engaño, espetara: "No te deberíamos haber dejado llamar al abogado".
Actualización: Todo el que quiera decirle a la SGAE lo que piensa de ella puede comunicárelo personalmente el próximo 5 de junio en la concentración que hay programada en la puerta de su sede madrileña.
Fuente: elotrolado.net
El Parlamento Europeo ha aprobado por aplastante mayoría un informe sobre el refuerzo de la seguridad y de las libertades fundamentales en Internet. En él se defienden los derechos fundamentales de los usuarios de Internet, y se afirma que los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a la denegación del acceso a la red como medio para imponer sanciones y que es importante abordar cuestiones como la neutralidad de la red, la interoperabilidad, la accesibilidad global y el uso de formatos y estándares abiertos. Además se posiciona contra la vigilancia y control sistemático de los internautas y pide que se garantice y respete la libertad de expresión.
A pesar de que el texto se trata de una recomendación no vinculante, da un toque de atención a las actuales medidas que se están tramitando en varios países europeos contra los usuarios que comparten archivos.
Aún así, también incluye una parte más preocupante como es la solicitud de medidas penales para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, aunque con sanciones proporcionadas a las infracciones cometidas y siempre sin controlar de forma sistemática las actividades de los usuarios. Podéis leer en Barrapunto un resumen del informe aprobado.
Fuente: ElOtroLado.net
